La actuación libre de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas resulta esencial para
la verdadera realización de un Estado democrático de derecho. Su exigencia por la verdad y la justicia
puede resultar inconveniente para quienes, a pesar de detentar el poder político o económico, no
tienen interés en cambios al status quo. En la medida en que afecten los intereses de estos actores, las
personas defensoras y periodistas enfrentan riesgos específicos derivados de sus actividades