Las políticas de seguridad pública implementadas desde entonces se han enfocado en combatir el crimen organizado a través de una estrategia de militarización que
resultó en un fuerte aumento de violaciones de derechos humanos. Los factores que permitieron el auge del crimen organizado, tales como la impunidad, la corrupción, y
las profundas desigualdades socio-económicas que persisten en México, no se han priorizado tanto como el combate militarizado al crimen organizado